ensayo modificado de deivis

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE MARACAIBO

ESPECIALIDAD: INFORMÀTICA

MARACAIBO, ESTADO ZULIA

 

                                                                                                                         

Ing Deivis Bermudez                      C.I: 14832763

MARACAIBO junio de 2012

Principales causas de los hechos ocurridos el 11 de abril en Venezuela
Acontecimientos de Abril de 2002 en Venezuela.
En medio de la crisis del régimen democrático en el país, evidenciado por la situación en la cual se encontraba su funcionamiento tal como se ha resumido anteriormente, se produjo la renuncia del Presidente de la República a su cargo, originándose una falta absoluta en el mismo la cual, sin embargo, no pudo ser cubierta por el Vice Presidente, como lo establecía el artículo 233 de la Constitución, lo que originó una situación constitucional inédita de ausencia de titulares del Poder Ejecutivo.
A principios de Abril de 2002, el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez frías, se dirigió al pueblo en un discurso recalcando… “A Venezuela no la para nadie”, esto en reacción a un paro convocado el día 08 de abril por la CTV con el apoyo de Fedecámaras, pautado para el día 11 de Abril del año en curso, durante esos días entre el 08 al 11 de hubo mucha incertidumbre entre los ciudadanos y rumores de un atentado de golpe contra el Presidente de la Republica, la mayoría de los comerciantes temerosos no abrían sus establecimientos y comercios ubicados en las adyacencias del área metropolitana de caracas, donde se vivió más intensamente la protesta en esos días.
El día 10 de abril, un día antes de la marcha convocada por la CTV anuncia que de no acatar las exigencias del paro para la renuncia del presidente el paro se extendería indefinidamente y exhorta a todos los sectores a unirse al paro indefinido. El día esperado llega y la marcha da comienzo desde parque del este hasta PDVSA Chuao según lo establecido, pero los altos entes de la oposición como Carlos Ortega, Carmona Estanga, Molina Tamayo, entre otros...decidieron cambiar el rumbo de la marcha y dirigirse directamente a Miraflores y el pueblo siguiendo la convocatoria de estos acepto y marcharon así el palacio de gobierno, sin tomar las medidas necesarias e incitando a la violencia, ya que en el palacio
estaban reunidos gran parte del sector oficialistas dispuestos a defender la constitución y la revolución Bolivariana.

A.- La influencia de los medios de comunicación en cuanto información veraz y oportuna.
El caso del rol político jugado por los medios de comunicación privados venezolanos en los procesos insurreccionales del año 2002, entre otras cosas, pone descarnadamente en evidencia el conflicto a la ciudadanía por su mala intención e incitar a la violencia mostrando imágenes amarillistas al pueblo, y llevándolos al desespero. El derecho a la información veraz y oportuna es defendido por el ciudadano común y este merece ser informado con la verdad absoluta de cada uno de los acontecimientos que se presentan, tomando en cuenta que el poder de los medios con frecuencia supera al de los Estados nacionales, y no existen suficientes contra-balances sociales, internos o internacionales, para contenerlo. Esto conlleva a que los medios de comunicación son un factor importante en la calma o desesperación del pueblo según lo que presenten.


B.- El nombramiento de otra Gerencia Administrativa para PDVSA, febrero 2002 por el ejecutivo nacional.
La decisión del ejecutivo nacional de cambiar la directiva en PDVSA, fue una de las principales causas de llamar a paro ya que los trabajadores y directivos de ese entonces querían seguir malversando fondos de la nación y no era conveniente para ellos que otros entraran a quitarles todo lo que sin trabajar ganaban. Durante más de tres meses las exportaciones se vieron mermadas creando un enorme déficit e inflación en el país. El gobierno tuvo que comenzar a
importar gasolina para cubrir la cuota nacional y miles de venezolanos se vieron en largas filas de días para poder llenar el tanque de sus vehículos.

C.- La desobediencia militar y la masacre del 11 de abril de 2002
Antes de tales convocatorias, el mismo día miércoles 10 de abril de 2002, apareció en la televisión el General R. Damián Bustillos, de la Guardia Nacional, dirigiéndose a la opinión pública “con la finalidad de hacer conocimiento que el ciudadano Presidente de la República le ha ordenado a la Guardia Nacional, la utilización de la fuerza con la finalidad que retire a las personas que se encuentran frente a PDVSA”; aconsejando “al Alto Mando Militar que se encuentra en estos momentos reunidos en Fuerte Tiuna, que no tomen acción”“ contra los manifestantes, y señalando que “es una locura presidencial que va a empañar el nombre de la Fuerza Armada y en especial de mi querida Guardia Nacional”. Se trataba de la primera manifestación, en esa semana de abril, de desobediencia de un alto oficial activo de la Fuerza Armada en contra de supuestas órdenes presidenciales.
El mismo día miércoles 10 de abril de 2002, otro alto oficial, esta vez del Ejército, el General Néstor González González, también aparecía en la televisión criticando abiertamente al Presidente de la República, destacando la relación del gobierno con la guerrilla colombiana y criticando el uso de instalaciones militares para actividades políticas.
Pero la actitud de desobediencia militar se evidenció fundamentalmente, cuando diversos oficiales generales se negaron a implementar el denominado “Plan Avila” para enfrentar la marcha cívica multitudinaria que se estaba efectuando el 11 de abril. Como lo informó ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investigó los hechos de abril de 2002, el General Manuel Rosendo, Jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional y precisamente el principal responsable de la aplicación de dicho Plan, el mismo está llamado a aplicarse sólo cuando se dan los siguientes cuatro supuestos: “1) Que grupos subversivos o
desafectos al sistema democrático ejecuten acciones violentas, que atenten contra la estabilidad del sistema democrático y pongan en peligro la seguridad de las personas y sus propiedades; 2) Que las alteraciones del orden público sean de tal magnitud que el empleo de los organismos de seguridad del Estado sean insuficientes para su restablecimiento; 3) Que nacionales de otros países realicen actividades tendientes a perturbar el orden interno en apoyo de acciones belicosas contra nuestro país; y 4) Que la máxima autoridad de la entidad federal, al considerar que la situación escapa a su control, solicite la intervención de la Fuerza Armada Nacional”15. Sin duda, se trataba de un plan bélico de carácter disuasivo y represivo, destinado a ser aplicado en casos extremos y extraordinarios como los indicados, para restablecer el orden público quebrantado, pero que no era aplicable en el caso de una marcha cívica de protesta. En todo caso, en las interpelaciones efectuadas por la Comisión Especial citada de la Asamblea Nacional, quedó evidenciado que el Presidente de la República, en horas del mediodía del día 11 de abril dio la orden de aplicar el “Plan Avila”16, orden que no fue cumplida17, particularmente por el General Rosendo, quien asumió la cita de esta declaración en la sentencia de la Sala Plena Accidental del Tribunal Supremo de Justicia de 14–08–02 (Caso:Antejuicio de mérito a Oficiales de la Fuerza Armada Nacional). “…responsabilidad de no ordenar la ejecución del Plan Avila en la guarnición de Caracas, atendiendo al artículo 68 de la Constitución, que prohíbe el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones… les puedo decir que entre el deber de ordenar un plan y el deber de preservar lo más preciado que tiene una persona, que es su vida, opté por respetar la vida. No solamente y como se ha dejado ver, la de las personas que iban en la marcha de Chuao a Miraflores sino también de las personas que se encontraban en las adyacencias de Miraflores, además de preservar la vida de mis soldados y profesionales, porque nadie puede decir que allí no iba a pasar nada.”
La decisión de incumplimiento de la orden de ejecutar el “Plan Avila”, la asumió el General Rosendo como Jefe del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas Nacionales, porque “no se daban las suposiciones y las condiciones no estaban para que se aplicara el Plan Avila… Fui yo quien tomó la determinación de no
ordenar la aplicación del Plan Avila” En la interpelación que se efectuó al General Efraín Vásquez Velazco Comandante General del Ejército, ante la Comisión de la Asamblea Nacional, también señaló que cuando recibió información de que material de guerra (tanques) había salido de Fuerte Tiuna con instrucciones de la ejecución del Plan Avila, ordenó que se detuviera la acción y que el material de guerra regresara.
La reacción de altos oficiales de las Fuerzas Armadas ante la orden del Presidente de la República, de negarse a aplicar a una marcha pacífica, aunque multitudinaria, un plan de guerra represivo, se configuró, sin duda, como una desobediencia militar la cual, por lo demás, encontraba amparo constitucional en el artículo 68 de la Constitución que “prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas” y en el artículo 25 que da derecho a los funcionarios de negarse a ordenar ni ejecutar actos que violen o menoscaben los derechos garantizados en la Constitución, aun cuando estén amparados por órdenes superiores, las cuales en ningún caso le pueden servir de excusa ante la responsabilidad en la cual incurrirían si las cumplen.
Un primer motivo de la actitud de desobediencia militar ante las órdenes presidenciales, en la tarde del 11 de abril, por tanto, puede considerarse que fue el rechazo a ejecutar un plan bélico represivo contra una manifestación pacífica21. El segundo motivo, en este caso de desconocimiento de la autoridad del Presidente de la República y del Alto Mando Militar, puede considerarse que se produjo en la noche del mismo día 11 de abril, al concluir la marcha cívica con muchos muertos y heridos, cuando diversos oficiales en nombre de los diversos componentes de la Fuerza Armada Nacional, reaccionaron contra tales hechos.
En efecto, la situación política al final del día 11 de abril era muy conflictiva. El Presidente de la República enfrentaba la mayor crisis de sus más de tres años de gobierno, la cual se agravó en la noche de ese día jueves 11 de abril de 2002, luego de la jornada de paro nacional de ese día y de los trágicos sucesos que ocurrieron en la tarde de ese mismo día.
La manifestación que había sido convocada por todos los sectores políticos, organizaciones de la sociedad civil, sectores laborales y empresariales para el día jueves 11 de abril de 2002 en horas de la mañana, resultó ser una de las concentraciones públicas más multitudinarias de la historia política Diosdado Cabello, Vicepresidente Ejecutivo Nacional señaló: “Cuando el General Rosendo desobedece la orden del Presidente, allí comienza a evidenciarse ante todo el mundo el alzamiento militar; un General desobedeciendo la orden del Presidente de la República, de su Comandante en Jefe, creo que eso ha de haber sido a las 2:00 de la tarde…” Como lo señaló el Coronel Julio Rodríguez Salas, quien afirmó ser el autor del decreto de renuncia del Presidente de la República “los oficiales se opusieron a la aplicación de un plan de guerra para reprimir a la población civil indefensa” Como lo señaló el Contralmirante Daniel Comisso Urdaneta ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional “El aspecto común de todos los pronunciamientos es el apego a la Constitución, no uso de las armas, no salen las unidades, rechazo a los hechos violatorios de la Constitución y, por supuesto, que también hubo allí un factor común, un desconocimiento del Alto Mando Militar en todos los pronunciamientos”, en Albor Rodríguez, del país. Cuando llegó a la sede de PDVSA, espontánea y colectivamente se produjo su continuación hacia el Palacio Presidencial de Miraflores en el centro de Caracas. Las consignas de respaldo a PDVSA se mezclaron entonces con la solicitud de renuncia del Presidente de la República, atravesando la manifestación toda la ciudad capital, la cual quedó ocupada por una masa humana en muchos kilómetros de avenidas. Al llegar a las inmediaciones del Palacio de Miraflores, resultaron quince personas muertas a bala y más de un centenar de heridos, en la que había sido durante todo el día una manifestación pacífica e, incluso.
Durante la tarde del mismo día jueves 11 de abril de 2002, sin embargo, el General en Jefe Lucas Rincón, Jefe del Alto Mando Militar en compañía de numerosos oficiales y en cadena de radio y televisión, había emitido un mensaje señalando que: “Se ha comentado que el Sr. Presidente de la República se encuentra detenido en Fuerte Tiuna o en Miraflores, lo desmiento categóricamente. El Sr. Presidente se encuentra en su Despacho. Desmiento
categóricamente la renuncia del Alto Mando Militar.” Ahora bien, una vez llegada la marcha a las cercanías del Palacio de Miraflores y producidos los primeros hechos de violencia, el General Carlos Alfonzo Martínez, de la Guardia Nacional efectuó una declaración pública en la cual expresaba no estar “de acuerdo con los resultados de la jornada de hoy”, señalando que hubieran podido evitarse y destacando lo siguiente: resulta ser que detrás de los miembros de la Guardia Nacional habían miembros del otro bando, círculos bolivarianos o lo que están estacionados al frente del Palacio de Miraflores y ellos sí ejercían violencia sobre el resto de los manifestantes y vimos como la Guardia Nacional en vez de reprimir a ambos frentes por igual o hacer acciones para separar ambos bandos, solamente se dirigió contra el bando de las personas que venían en forma pacífica...”
La transmisión en televisión de la marcha cívica y de sus trágicos resultados, fue interrumpida por una “cadena” presidencial. El Presidente, a las 4:33 p.m., había denunciado el paro como insurreccional y señaló que no permitiría que la marcha llegara a Miraflores.
En respuesta a la división de las señales en las pantallas de televisión en dos, con la imagen de la cadena presidencial, por una parte, y por la otra, la imagen de los trágicos resultados de la marcha con individuos disparando sobre los manifestantes, las señales de las televisoras comerciales fueron sacadas del aire por ordenes presidenciales.
Durante la noche se originaron toda suerte de hechos políticos de gran relevancia. Luis Miquilena, quien había sido Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Ministro, Coordinador del partido de gobierno y soporte fundamental del Presidente Chávez, declaró en televisión esa noche que el gobierno se había llenado las manos de sangre, y que: “El Presidente es el principal responsable de lo que ha ocurrido en la tarde de hoy. De esa responsabilidad no lo salvará nadie. Ahora las instituciones tienen que funcionar. La Fiscalía, el Poder Judicial y creo que hay posibilidad de que la Asamblea Nacional empiece a funcionar”.
Y agregó, al marcar su deslinde con el gobierno del cual había formado parte, lo siguiente: “Durante esos años hice lo posible y hasta lo imposible con el propósito de que se entendiera que el manejo de la democracia no es una gallera, no es la confrontación con la confrontación misma”.
“Quiero manifestar este sentimiento de dolor a los familiares y amigos, víctimas de esta criminal agresión sin precedentes en la historia de nuestra Nación.
Este es el resultado, el producto de la siembra del odio que se ha venido predicando en nuestro país y que al final no tiene otro resultado que el que hoy existe. El llamado a Udes. es porque quería públicamente marcar distancia de lo que es ese gobierno, que constituyó parte de nuestra experiencia al que aporté en los términos de mi vida todo lo que era posible aportar”.
Durante la noche del día jueves 11 de abril de 2002, y como consecuencia de los hechos ocurridos durante la tarde, como se dijo, se produjeron las manifestaciones de desobediencia de militares, sin uso de las armas, contra la autoridad presidencial y del Alto Mando Militar28, todas trasmitidas por televisión, de parte de altos oficiales de los diversos componentes de la Fuerza Armada (Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional).
Así, el Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, junto con otros oficiales, en mensaje al país “para evitar un derramamiento de sangre” señaló:”Hemos decidido dirigirnos al pueblo para desconocer al actual régimen de gobierno y la autoridad del Presidente Chávez y del Alto Mando Militar por contrariar los principios y garantías democráticas y menoscabar los derechos humanos venezolanos”.
Luego vino la manifestación del Viceministro de Seguridad Ciudadana, General Luis A. Camacho Kairuz, también por televisión, haciendo un “llamado al gobierno nacional para que renuncie ya”. El Inspector General de la Guardia Nacional, General Carlos Alfonso Martínez, acompañado, entre otros, de los generales Rafael Damiani y Luis Camacho Kairuz que ya habían hecho manifestaciones públicas en contra del gobierno, también en mensaje televisivo, habló del uso indebido de la Guardia Nacional que enfrentaron la manifestación. Dijo el General
Martínez: “Esta tarde, lamentándolo, en una acción del Comando General 5, utilizando al Regional como escudos, otros entes dispararon, contra una marcha pacífica que no llevaba armas, que no tenía intenciones sino simplemente ir al Palacio a manifestar su criterio” El General Efraín Vázquez Velazco, Comandante General del Ejército, acompañado de Altos Oficiales de ese componente, también en mensaje televisivo aclaró sobre el proceso de desconocimiento de la autoridad presidencial, que no se trataba de un golpe de estado o de una insurrección, sino de una posición de solidaridad con todo el pueblo venezolano, al cual pidió “perdón” por el atropello cometido. Dijo el General Vázquez Velazco: “Hoy se violaron todos los derechos consagrados en nuestra Constitución. Murieron venezolanos por incapacidad de diálogo del Gobierno Nacional. Todo esto se advirtió al Alto Mando Militar hoy, con tiempo, y no se tomaron las medidas pertinentes. Existen grupos armados llamados Bolivarianos que ofenden el nombre del Libertador, que se dedican a pregonar la maldad y utilizar armas, lo que constituye un delito en nuestra Constitución. Se ha utilizado oficiales de la Fuerza Armada Nacional con Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena Accidental en su sentencia de 14–08–02, señaló en relación con esta intervención del Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez acompañado de otros oficiales, que “hicieron un pronunciamiento ante los medios de comunicación, en el cual desconocieron al gobierno, porque consideraron, riesgo manifiesto de agravamiento de la conflictividad social y con fundamento en los artículos 57 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque presuntamente se lesionaron derechos humanos, debido a que el artículo 328 de la Carta Magna, le imponía a la Fuerza Armada nacional, mantener el orden interno y evitar derramamiento de sangre”. Fines políticos dentro de los cuarteles. Se ha mancillado el honor de las Fuerzas Armadas Nacionales y hemos perdido la identidad de nuestro uniforme”.
En relación con este pronunciamiento del General Vásquez Velazco, la Sala Plena Accidental del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 14 de agosto de 2002 (Caso: Antejuicio de mérito a oficiales de la Fuerza Armada Nacional), expresó lo siguiente: “Posteriormente, el General Efraín Vásquez Velazco (Comandante
General del Ejército) el 11–04– 2002 a las 09:00 pm, se pronunció ante los medios de comunicación manifestando que se violaron los Derechos Humanos, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque murieron venezolanos por incapacidad de diálogo y el Alto Mando lo advirtió con tiempo pero no se tomaron las medidas necesarias.
Asimismo dijo que existían grupos armados bolivarianos que ofendían el nombre del Libertador, porque pregonan la maldad y utilizan armas (delitos según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y se utilizaron oficiales de la Fuerza Armada Nacional con fines políticos. Por ello consideró se había manchado el honor de la Fuerza Armada Nacional, perdido la identidad con los uniformes, y violentado la autoridad del Comandante del Ejército al recibir órdenes directas del Presidente de la República, un subalterno del citado General Vásquez. Le pidió perdón al pueblo por los sucesos acaecidos porque la Fuerza Armada Nacional no cumplieron su cometido por creer que dicha Fuerza no era para agredir al pueblo, ni para combatirlo.
Como Comandante General del Ejército le ordenó a todos sus comandantes de batallones, brigadas y divisiones que permanecieran en sus unidades porque eso no era un golpe de estado, ni una insubordinación, era una posición de solidaridad, con todo el pueblo venezolano y dijo que fue fiel y leal al Presidente, pero los muertos de ese día no los podía tolerar y, con fundamento en los artículos 328 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estaban obligados a tomar esa decisión.
Destacó que dicho pronunciamiento, no era insubordinación, sino un acompañamiento a todo el pueblo venezolano ante lo que consideró un atropello a todos los venezolanos. (Folio 17 y 18 querella).
De lo anterior se evidencia que con tal pronunciamiento no se desconoció al gobierno del Presidente de la República, porque lo que desconoció fue la orden dictada por el Presidente de la República de aplicar el Plan Avila porque resultaba contrario a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía y ello
significaría una masacre, así como repudió junto con los otros Altos Oficiales, el genocidio perpetrado por los círculos oficialistas contra la sociedad civil indefensa. Posteriormente, oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana se comprometieron a no reprimir al pueblo con las armas de la República, solicitando la búsqueda de conciliación y el diálogo. Además, en la madrugada del día 12 de abril se pronunció la Armada en un comunicado en el cual respaldaban las declaraciones de los demás componentes de la Fuerza Armada”.
Adicionalmente, entre las manifestaciones de altos oficiales, se destaca la efectuada también por televisión, por el General Francisco Uzón, Ministro de Finanzas del Gobierno, anunciando su renuncia “para facilitar el desenvolvimiento del nuevo gobierno” con lo que el propio Ministro de Finanzas del gobierno del Presidente Chávez, reconocía que habría un nuevo gobierno. En relación con el Presidente de la República señaló que había hablado con él: “Para que se retire de la Presidencia sin ningún tipo de contratiempos. Le hablé como un amigo de muchos años, a los fines que su salida se haga sin traumas y sin sangre. Aseguró que el Alto Mando Militar le había solicitado la renuncia.”
En dicha sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena Accidental de fecha 14–08–02, en relación con este pronunciamiento señaló: “El 12–04–2002 a las 3:15 a.m., es decir, casi una hora después de la alocución del General Lucas Rincón anunciando la renuncia del Presidente de la República , el Almirante Vicente Quevedo (Inspector General de la Armada) se pronunció lamentando profundamente los hechos violentos y trágicos acaecidos ese día y se sumó al profundo sentimiento de tristeza que embarga al pueblo venezolano, respaldó las declaraciones de los demás componentes y su apoyo a la sociedad civil. Hizo un llamado a la calma”. Si bien la sentencia de la Sala Plena fue luego anulada por el propio Tribunal Supremo por razones formales, su razonamiento jurídico es esclarecedor sobre los efectos jurídicos de la renuncia del Presidente.
El general Usón luego sería condenado penalmente por ofender a las Fuerzas Armadas, en violación de todos sus derechos constitucionales. Ese era el cúmulo de informaciones oficiales emitidas por televisión, de lo que estaba ocurriendo en
el gobierno y las cuales, por tanto, eran de conocimiento público de todos los ciudadanos en Venezuela y en el resto del mundo. Como lo confirmó luego el propio Jefe del Alto Mando Militar, General en Jefe, Lucas Rincón, Inspector General de la Fuerza Armada Nacional: “Eran pronunciamientos en contra pues del Presidente y del gobierno, incluso, algunos conocidos por todos nosotros, desconociendo la autoridad del señor Presidente y desconociendo también la autoridad del comandante natural, el comandante del componente, el comandante de la Fuerza”.
En todo caso, en relación con todos los pronunciamientos militares antes mencionados y al analizar en especial el efectuado por la Armada, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena Accidental, en la citada sentencia del 14 de agosto de 2002, (Caso: Antejuicio de mérito a oficiales de la Fuerza Armada Nacional), señaló lo siguiente: “Al analizar esta alocución es forzoso concluir que los hechos producidos en la ciudad Capital durante la tarde del 11 de abril de 2002, fueron efectivamente violentos y trágicos como indicó el Almirante Quevedo y tuvieron la magnitud suficiente para que ese componente de la Fuerza Armada diera su respaldo a los otros componentes después de que se había anunciado la renuncia del Presidente.
Coincidió entonces la Armada con la naturaleza del móvil de los pronunciamientos de los imputados y eso refuerza la idea que ellos tuvieron de que procedían correctamente. Por todo lo anterior no queda otro camino sino concluir en que tales eventos fueron de tal gravedad que pudieron justificar la conducta de los imputados al creer lícita su forma de proceder. Subraya la Sala que ninguno de los pronunciamientos de los imputados fue puro y simple con la intención de impedir o dificultar el ejercicio del gobierno, sino que cada uno de ellos tuvo como causa los hechos de violencia que se estaban produciendo en el País como consecuencia de la citada marcha y la implementación del Plan Avila. Esto significa, se reitera, que procedían convencidos de lo correcto y legítimo de su proceder, por cuanto su formación se oponía al acatamiento de una orden que consideraba reprochable y ello aleja la idea de malignidad”.

D.- Disolución de Convenios del gabinete inicial de gobierno y su estructura.
El grupo de trabajadores y equipo inicial de gobierno del presidente no fue el adecuado, ya que una madrugada el mismo presidente ingresó a la central telefónica del Palacio y descubre que hubo instrucciones de no pasarles ciertas llamadas en especial las del presidente cubano Fidel Castro, ya que estos creían que la relación entre estos homólogos no era positiva para el país, es allí cuando el presidente descubre las conspiraciones y decide cambiar todo el equipo que le acompañaba y le orientaba malamente. A partir de este cambio se instituyen las misiones sociales, comités de tierras, mesas técnicas para que el pueblo sea quien participe directamente en las necesidades de todos venezolanos. (Ver “Ser capitalista es un mal negocio” Haiman Eltroudi, GUIA).
E.- Los antecedentes políticos de la renuncia del Presidente de la República a su cargo el 12 de abril de 2002
En efecto, en la madrugada del 12 de abril de 2002, el Alto Mando Militar del Presidente Hugo Chávez anunció públicamente al país que se le había pedido la renuncia al Presidente de la República y que éste la había aceptado. Ello fue, sin duda, una secuela de la crisis política de la democracia que se había agravado entre 1999 y 2002; habiendo tenido entre sus causas inmediatas, la directa ingerencia política que el Ejecutivo Nacional había desplegado por primera vez desde 1975, en el manejo gerencial de la industria petrolera nacionalizada. Dicha industria, desde su creación, había estado tradicionalmente fuera del botín funcionarial que había caracterizado históricamente en general a la Administración Pública2, sobre lo cual había un pacto político tácito para preservarla. Sin embargo, en los primeros meses de 2002, la industria estatal comenzó a sentirse amenazada de politización, originándose un conflicto que involucró a la Alta Gerencia de la empresa petrolera estatal y se extendió por un largo período de seis semanas, con paros que, incluso, afectaron la producción y el suministro de
petróleo, de la que en ese momento era la principal y más importante industria de Venezuela e, incluso, de toda América Latina.
El propio Presidente de la República llegó a intervenir directa y personalmente en el conflicto, anunciando públicamente el día 7 de abril de 2002, el despido de siete altos directivos de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), en tono altamente degradante y denigrante4, lo que fue el detonante para que el mismo domingo 7 de abril se produjera una concentración espontánea de personas en una de las principales sedes de la empresa, en Caracas.
El conflicto desembocó rápidamente la decisión que al día siguiente adoptó la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), de convocar a un Paro Nacional por 24 horas, prorrogable, para el día martes 9 de abril de 2002, en apoyo a las peticiones de la industria petrolera. Dicho paro fue respaldado por la Federación Nacional de Cámaras y Asociaciones de Producción (Fedecámaras).
Los presidentes de ambas instituciones, Carlos Ortega y Pedro Carmona, respectivamente, anunciaron dicha convocatoria, la cual fue respaldada por diversas organizaciones y asociaciones no gubernamentales representativas de sectores de la sociedad, y por los partidos políticos de oposición. Incluso, el Bloque de Prensa que agrupaba a los diarios y periódicos del país se sumó al paro, de manera que el martes 9 de abril de 2002 no circularon los periódicos nacionales, con algunas excepciones. El martes 9 de abril de 2002, se cumplió un paro nacional de trabajadores y empresarios con versiones contrapuestas sobre su efectividad: el gobierno informó que la situación era normal, desplegando una campaña a través de los medios de comunicación escritos y visuales en contra del paro, declarándolo incluso ilegal y subversivo; y los convocantes del paro y, en general, los voceros de la oposición, informaron sobre la paralización del país. Durante el día 8 de abril de 2002 el gobierno había realizado muchas transmisiones oficiales “en cadena” obligatoria, a través de la conexión simultánea de todos los medios de comunicación de televisión y radio, para interrumpir la convocatoria al paro; y el día martes 9 de abril de 2002, durante la realización del paro, se repitieron también múltiples “cadenas” que informaron sobre el supuesto
fracaso de la convocatoria a paro, e impedían a los medios de comunicación informar sobre lo que estaba ocurriendo. El Vicepresidente de la República, incluso, declaró en cadena oficial, que: “Si tenemos que responder cada cinco minutos con una cadena (de radio y televisión) en aras de que la información veraz sea transmitida a todos los venezolanos, lo vamos a hacer”.
El mismo día martes 9 de abril de 2002, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestando preocupación por la utilización abusiva de las cadenas oficiales en las programaciones televisivas, partiendo del hecho de que “en los últimos dos días el gobierno ha hecho uso de las cadenas nacionales en más de 30 oportunidades con una duración de 15 a 20 minutos cada una” y concluyendo con la apreciación de que “el uso abusivo” de las mismas: “Viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos referido al ejercicio de la libertad de expresión y contradice lo establecido en la Declaración de Principios sobre la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana en Derechos Humanos”. Es de destacar que por primera vez en la historia de la comunicación, las plantas televisoras se rebelaron contra las transmisiones “en cadena” y el día martes 9 de abril de 2002 decidieron dividir la imagen en las pantallas de la transmisión en televisión en dos, colocando en una parte la imagen y transmisión oficial y en la otra parte la imagen y transmisión propia, aclarando en un texto escrito que la transmisión “en cadena” se hacía por imposición oficial, la cual se consideraba como violatoria de lo previsto en la Ley General de Telecomunicaciones.
El día miércoles 10 de abril de 2002, la prensa nacional, que había comenzado a circular de nuevo, anunciaba la decisión de la CTV adoptada el 9 de abril de 2002, de prorrogar el paro por 24 horas más, es decir, para el día miércoles 10 de abril de 2002, afirmando su Presidente, Carlos Ortega, que ello se producía “en virtud de la conducta agresiva e intolerante del gobierno como respuesta al planteamiento de los trabajadores”10. El Presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, también anunciaba la decisión de prorrogar al paro cívico empresarial convocado por un día más, para el día miércoles 10 de abril de 2002, “ante la
violación manifiesta de que ha hecho el gobierno de la Constitución y las leyes en el manejo de los medios de comunicación en el día de ayer”.
Es de advertir que durante los dos días de paro se habían realizado manifestaciones públicas en apoyo de PDVSA, en una de las sedes de la industria en Caracas (Chuao), así como en diversas ciudades del interior del país.
Al final del día miércoles 10 de abril de 2002, luego de cumplidos dos días de paro nacional de trabajadores y empresarios, tanto la CTV como Fedecámaras, acordaron realizar una huelga general indefinida a partir del jueves 11 de abril de 2002, en virtud de que las demandas de los sectores que representaban “no han sido atendidas y lejos de resolver los problemas, estos se han profundizado”. El Presidente de Fedecámaras destacó que la convocatoria a huelga general como la que se estaba haciendo, ocurría así por “primera vez en la historia” del país, como “máxima expresión de rechazo a un gobierno en ejercicio”12. La convocatoria a huelga general, por otra parte, fue respaldada por los diversos partidos políticos de oposición y por las asociaciones no gubernamentales de la sociedad, quedando constituida una Coordinadora por la Democracia y Libertad. Dichas organizaciones convocaron a una marcha cívica para el día jueves 11 de abril de 2002 en la ciudad de Caracas, hasta la sede de PDVSA.

F.- El fallido intento de establecer un gobierno de transición que contrariaba la Constitución
En la madrugada del día 12 de abril de 2002, luego de producirse los diversos pronunciamientos de desobediencia militar y de que el General en Jefe Lucas Rincón, Jefe del Alto Mando Militar anunciara que se le había solicitado la renuncia al Presidente de la República, y que éste la había aceptado, el General Efraín Vásquez Velazco, Comandante General del Ejercitó, anunció al país el nombramiento del Dr. Pedro Carmona, como encargado de un gobierno de transición. Tal y como lo reseñó el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena
Accidental en sentencia de 14 de agosto de 2002, (Caso: Antejuicio de mérito a los oficiales de la Fuerza Armada Nacional):
“A pesar de que el Fiscal no achacó expresamente a los imputados lo relativo a la constitución de un gobierno provisorio, por lo cual su consideración es ajena a esta decisión, el mundo sabe que el 12 de abril de 2002, después de que el General en Jefe anunciara la renuncia del Presidente, un grupo de militares entre los cuales se encontraba el imputado General Efraín Vásquez Velazco, anunció el nombramiento del Dr. Pedro Carmona Estanga como Presidente interino o provisional de una junta de gobierno.
También es sabido que esta persona, la tarde de ese día, prestó juramento e hizo público un Decreto por el cual asumió la presidencia de la nación, destituyó a los componentes de los poderes públicos y cambió el nombre de la República, entre otras cosas.
Fue en esas condiciones cuando los militares anunciaron el nombramiento del Presidente provisorio. Evidentemente que carecían de competencia para esa actuación, aun cuando por mandato legal se les deba reconocer la buena fe en su actuación y no puede la Sala aplaudir ni silenciar esa conducta por mucho que se acepte que estuvo preñada de buenas intenciones.
Ahora, si no existía Presidente en ejercicio y antes se habían producido los graves acontecimientos que los militares como móvil de sus pronunciamientos; que la OEA condenó tal y como lo hiciera este Alto Tribunal, no puede decirse que con ello se pretendía impedir u obstaculizar el ejercicio de un poder ejecutivo sin titular, ni alterar el orden y la paz interior de la nación, que ya se había roto por elementos
exógenos a los imputados. Más aún, afirmó el general Vásquez Velazco e hicieron público los medios de comunicación social, que al no conseguir a ninguno de los llamados a suceder al Presidente en caso de falta absoluta, llamó al Presidente de este Tribunal para preguntarle si a él correspondía la asunción de ese cargo, pero éste le aseguró que tocaba al Vicepresidente. Esta forma de actuar, claramente evidenciada que no era su intención la toma del poder sino la de restaurar la paz
interior y la buena marcha de las instituciones ya que de lo contrario, no se puede explicar esa pregunta”. Ahora bien, el acto de juramentación del Dr. Pedro Carmona como encargado de la Presidencia de la República, ocurrió el 12 de abril de 2002 a últimas horas de la tarde, en un acto que fue transmitido por televisión. Se trató de un acto en el cual se leyó un decreto de un “gobierno de transición democrática” que presidiría Carmona, el cual sin embargo no llegó a publicarse en la Gaceta Oficial, no habiendo producido efecto jurídico alguno. Dicho Decreto, luego de basarse en el artículo 350 de la Constitución y en una serie de considerandos que reflejaban las graves violaciones al orden constitucional que efectivamente había cometido el gobierno del Presidente Chávez en los años precedentes, contenía una serie de decisiones que contrariaban la Constitución y cesaban a los titulares de los poderes públicos63. El contenido de esa decisión fue inconstitucional y violatoria, además, de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, por violación del principio de la democracia representativa al cesar en sus cargos a los diputados a la Asamblea Nacional. Por ello, con razón, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su sesión del 18 de abril de 2002, consideró que en Venezuela se había producido una ruptura del orden constitucional y de la democracia, aplicándose así, por primera vez, la Carta Democrática Interamericana, no para condenar a un gobierno sino para defender su legitimidad democrática.

G.- Ley habilitante
Esta ley autoriza al presidente de la República para dictar Decretos con fuerza de ley. En el 2001 se aprueban 49 leyes por medio de la ley habilitante, entre las leyes que provoco más controversia fue la Ley de Orgánica de Hidrocarburos que incrementaba la tributación de las transnacionales en las actividades de extracción petrolífera, y fijaba la participación mínima del Estado en sociedades mixtas, la Ley de Pesca que imponía fuertes restricciones a la pesca de arrastre y comercial en beneficio de los pescadores artesanales y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que permitía expropiar latifundios y beneficiaba a los campesinos que buscaban cultivar pequeñas extensiones de tierra. Estas leyes originaron un fuerte rechazo por parte del sector empresarial. Lo consideran antidemocrático y anticonstitucional dicho paquete legislativo.
H.- Crisis del Modelo Rentista: la crisis del modelo que dominó el rumbo del país, el capitalismo rentista, que dependió directamente de la dinámica y explotación de la industria petrolera y fue el eje de la economía (fuente de renta internacional para el Estado) y de la sociedad como actividad productiva (Incorpora trabajo, tecnologías, equipos y maquinarias, genera empleos y demanda bienes y servicios producidos por el país). Dentro de dicho sistema contábamos con un Estado que poseía dotes liberales (orden interno, justicia, soberanía nacional) e igualmente características del estado de bienestar (Educación, salud e inversión en infraestructura). Representó un Estado hiperactivo, realizando actividades poco usuales (Productos lácteos, gerencia de hoteles, líneas aéreas, etc.) que finalmente sólo llego a ser una fuente de ineficiencia y corrupción al igual que la administración descentralizada.
I.- Crisis del Modelo Socioeconómico y de las expectativas sociales: Este segmento plantea que inicialmente la democracia en Venezuela se dio en una situación de precariedad institucional y de carencia de prácticas y hábitos pluralistas, por eso gran parte de su apoyo se desarrolló en forma de mecanismos utilitarios de integración al régimen político como fórmula para generara respaldo al mismo y crecimiento socioeconómico a la población, generándose así una cerrada correspondencia entre la democracia política y el bienestar social y económico. Se argumentaba que al democratizar los canales de acceso al Estado se democratizarían las políticas económicas y sociales a través de abundantes recursos fiscales, además se pensaba que en la medida que la democracia fuera capaz de demostrar su superioridad al generar mayor riqueza social y bienestar a la población sería preferido y más confiable ante opciones autoritarias. No obstante éste carácter utilitario debería transformarse una vez demostradas las ventajas de la democracia.
El Estado desempeñó un gran papel en el diseño y puesta en práctica de políticas sociales que antes de buscar la eficiencia en el uso de los recursos buscaba generar adhesión al modelo socioeconómico, su legitimidad, actores y procesos claves. A su vez las políticas sociales aunque ofrecidas en el ámbito desigual en
magnitud, cobertura y calidad, y manteniendo las brechas entre los sectores hicieron que se elevaran los niveles de vida y socioeconómicos de los grupos más pobres. Se generaron modificaciones de status en sentido positivo y ampliaciones de las expectativas acerca de la potencialidad del modelo socioeconómico y su marcha hacia el bienestar colectivo.
Sin embargo al combinarse la reducción en los recursos fiscales, ajustes en el mercado, ineficiencias en el uso de voluminosos recursos y el uso de la política social a favor sólo de y gremios en los años 80 hizo que durante los años 90 derivaran en estancamientos y/o decrecimientos en los principales indicadores socioeconómicos y sociobiológicos (Pobreza) fundamentales de la población. Finalmente se demostraron las fragilidades y limitaciones de los mecanismos y modelos utilizados por el Estado para transmitir y asegurar eficazmente recursos a la sociedad y niveles adecuados de bienestar al pueblo y luego la vulnerabilidad del vínculo entre las condiciones socioeconómicas y la integración sociopolítica.
En fin, aún cuándo el declive se hizo evidente durante los años 80, los gobiernos de la época no emprendieron programas serios y sistemáticos de ajuste económico, y la población seguía respaldando y confiando en la democracia y sus principales gestores (AD y COPEI). Sin embargo, cuándo el presidente Pérez planteó el programa de ajuste y sus modificaciones a la política social, el deterioro acumulado en las condiciones de vida de la población gestó una poderosa desafección respecto a la democracia, provocando los estallidos sociales e intentos de golpe de estado que ya conocemos, lo cual fue una gran señal de peligro para la estabilidad democrática. En conclusión aunque las relaciones entre la economía y la política no son lineales ni inmediatas, estas existen y se encuentran estrechamente unidas de modo que lo que afecta a una afecta a la otra por eso el decaimiento económico afecta tan seriamente la creencia democrática de una nación.


J.- Crisis del de representación y de legitimidad: Se trata de una situación en que las viejas organizaciones e instituciones han perdido su arraigo popular, su atractivo ideológico, su capacidad para satisfacer las necesidades de la población y especialmente su credibilidad y confianza.
El funcionamiento de la democracia “hiper organizada” en Venezuela se dio a través del sistema de partidos (A.D. y C.O.P.E.I.) y también estuvo conformado por un número de organizaciones confiables (Fedecámaras, C.T.V., La iglesia, las Fuerzas Armadas y otras organizaciones sociales o gremiales), se caracterizó por su habilidad para agregar, canalizar y representar los intereses de diversos sectores de la población, al tiempo que se convirtió en los principales canales de vinculación entre el Estado y la sociedad, en los agentes de socialización de la población en los valores y prácticas democráticas, en las agencias de reclutamiento de funcionarios y autoridades públicas, y en las organizaciones de articulación y representación de intereses sociales. Sin embargo, el grado predominante que alcanzó éste sistema al intervenir en las decisiones estatales y sus degeneraciones (partidocracia, corrupción, pragmatismo, clientelismo, etc.), lograron un caso extremo de monopolización partidista de las funciones de representación y participación en la política que terminó por constreñir a la sociedad civil venezolana, la disciplina partidista limitó la capacidad de los elegidos para responder directamente a las demandas del electorado y oligopolizó el juego político. Finalmente, al proliferar los escándalos por hechos de corrupción administrativa donde se involucraban ampliamente los miembros de los partidos, junto a la crisis económica que se presentó en los años 80 hizo que la población cuestionara la capacidad e idoneidad de los partidos políticos como gestores públicos, aún luego de la formación del COPRE para subsanar algunas de las deficiencias señaladas, los esfuerzos reformistas no fueron suficientemente contundentes como para convencer a la población de las bondades de sistema de partidos vigente, ni de las innovaciones puestas en marcha. Éste fenómeno se puede comprobar en los resultados de las diversas encuestas de opinión sobre los partidos y en el comportamiento electoral con los altos porcentajes de abstención en las distintas elecciones que se realizaron el país durante los años 90.
El debilitamiento de la dinámica bipartidista ha promovido el surgimiento y crecimiento de otras opciones partidistas (Causa R, Convergencia, MÁS), la redefinición de las relaciones inter e intra partidistas, el surgimiento de diferentes formas de agrupación dentro de la sociedad, ha generado nuevas fuentes para la creación del liderazgo político y grupos de presión, ha provocado una gran volatilidad en el electorado y cambios recurrentes en sus preferencias, así como la inclusión de actores no partidistas en el juego político y electoral (Artistas, dirigentes vecinales, etc.) que vienen a constituir novedades que generan importantes efectos en el sistema. Hoy en día el sistema político y electoral venezolano se ha complejizado en una importante medida, se han operado cambios substanciales en las preferencias sociopolíticas de la población, y en las reglas que definen la participación político-electoral. Por último, es importante mencionar que acompañando ésta crisis se ha visto una revalorización de los principios autócratas y personalistas además de la alineación de los sectores más pobre del pueblo hacia demostraciones violentas y anómicas.
K.- Crisis en los mecanismos de generación de consenso y canalización del conflicto: Ante la pérdida de eficacia de las reglas y mecanismos anteriormente explicados, y condiciones sociopolíticas y socioeconómicas adversas, la estabilidad democrática, asegurada por la capacidad del sistema para canalizar los conflictos de diversa índole y generar consensos a través de mecanismos formales e informales que permitían la coexistencia relativamente armoniosa de una multiplicidad de intereses, se ha evidenciado en dificultades para lograr la conciliación entre intereses en la toma de decisiones obligatorias para el conjunto de la sociedad. Luego ante la ausencia de reglas claras y de árbitros confiables (Poder judicial minusválido, vicioso, mediatizado, influenciado y limitado), ha surgido una proliferación del enfrentamiento inter-elites, la expresión del antagonismo socioeconómico fuera de los marcos organizacionales establecidos.
Por otro lado, la capacidad del liderazgo nacional de generar (Empresarial, sindical, militar y cultural) consensos sustantivos y de largo alcance fue deteriorándose, se observó la pérdida de vigencia del consenso como método
para generar acuerdos y decisiones válidas para el conjunto de la sociedad; y la complejidad de los aspectos sustantivos implicados en la formulación de acuerdos. Por el contrario el consenso tomó un carácter de intercambio utilitario, ocasional y de corto plazo, orientados a satisfacer intereses puntuales de las partes.
En la actualidad se revelan las dificultades actuales para formular acuerdos significativos, sobre todo en lo que se refiere a la formulación de nuevas reglas de juego para el conjunto de la sociedad y estrategias económicas que fijarían